SANTIAGO – La Corte Suprema estimó seis recursos de amparo y ordenó a los órganos de apelación adoptar a la mayor brevedad una coordinación conducente a la implementación de un plan que garantice la protección efectiva e integral de la población de las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos. afectado por el llamado “Violencia en el campo”.

En sentencias (roles 36.830-2021, 36.831-2021, 36.839-2021, 36.840-2021, 36.845-2021 y 36.846-2021), la Sala Tercera de la Corte Suprema – integrada por los ministros Sergio Muñoz, Ángela Vivanco, Adelita Ravanales, Mario Carroza y un abogado (i) Pedro Águila – instituyeron la arbitraria acción de las autoridades, contra lo que se apela el recurso, de no tomar medidas que enfrenten adecuadamente las acciones de violencia continua que se registran en el sur del país y afectan a la los sectores más vulnerables de la población.

“Que, como puede verse, el desafío planteado por la recurrente no cuestiona la facultad de las instituciones gubernamentales para tomar decisiones que afecten la resolución de problemas públicos, analizando primero el conflicto que ha surgido y luego examinando posibles soluciones y, con ello, su viabilidad para finalmente desarrollar un plan de acción en el campo de las políticas públicas, que alivia significativamente el problema del desarrollo continuo ”, confirman las sentencias.

Las resoluciones añaden: “Cabe destacar en este punto que la implementación de las medidas correctivas individuales en cuestión resulta indudablemente indispensable para la activación de la mencionada planifique los beneficios espirituales y espirituales. así como económicos, que se concretan a través de su implementación. Sin embargo, en ningún caso debemos perder de vista los problemas sociales, económicos y ciertamente espirituales que surgen de la realización reiterada de tales actividades, sobre todo si consideramos que sus efectos nocivos tienen un impacto transversal en la sociedad. pero sin duda con mayor severidad en los grupos más sensibles de los mismos ‘.

Lo anterior es precisamente el punto desde el que la recurrente cuestiona las actividades de los imputados, pues, a pesar de que se han implementado diversas medidas para atender mejor la crisis que está provocando este tipo de violencia en la población, no es menos Cierto que esta función no ha sido adecuadamente atendida, cumplida, porque los demandantes vieron en peligro sus derechos de todos modos – agrega.

Para la Sala Constitucional del Tribunal Supremo: “(…) en consecuencia, el trámite de los órganos de apelación resulta ser arbitrario, dado que si bien es efectivo que una parte significativa de los efectos económicos, sociales y emocionales ocasionados Por actos de fuerza comandados en la zona sur del país han sido abordados a través de la implementación de diversos programas, lo cierto es que los hechos revelados en esta acción de protección de derechos demuestran la insuficiencia de las medidas empleadas, como un grupo significativo de la población aún se encuentra privada o al menos limitada a la realización de actividades sociales y económicas hasta el momento y, por lo tanto, a gozar de la deseada integridad física y psíquica ”.

“Es” – prosigue – “también es importante destacar que en tales situaciones, ante decisiones tan definitivas para las personas, se debe exigir una mayor diligencia a la autoridad sobre la que actúa de oficio y el respeto a los principios de no -discriminación, objetividad e integridad en sus acciones ”.

“En este sentido, se observa que la actuación de las autoridades salientes implicó el ejercicio de un departamento por su parte, pero sin dejar de lado la imperiosa necesidad de tomar medidas tempranas para evitar las consecuencias perjudiciales en las que se incurrió. un grupo específico de habitantes de la nación, debido al conflicto específico que ha surgido, especialmente si, como en este caso, existen garantías primordialmente protegidas por el legislador, como la igualdad ante la ley, por lo que este recurso debe ser aceptado en las condiciones que se dará en la parte resolutiva de esta sentencia ”, concluyen.

En consecuencia, se acuerda que: “se retira La sentencia impugnada de 13 de mayo está pendiente y en cambio se resuelve que Bienvenido apelar a la protección sólo en la medida en que los órganos de apelación, en un plazo breve, de acuerdo con las oficinas ministeriales competentes, implementen un plan de acción dirigido a la protección efectiva e integral de las personas o grupos sociales que vieron en riesgo sus derechos, con el fin de evitar la ocurrencia de tales eventos en su contra “.


Fundación del diario La Razón es una organización sin ánimo de lucro con el objetivo de “promover el desarrollo de la buena práctica periodística y promover la libertad de expresión, opinión e información”.


Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *