Osvaldo Cardosa Samón

Como hija del tiempo, la verdad abrió la puerta de la Corte Suprema de Justicia Federal (STF) de Brasil para juzgar al ex juez Sérgio Moro, quien, pretendiendo ser parcial, había cometido las injusticias que blandía en la niebla como antorchas.

Durante la audiencia ampliada, los ministros de la segunda cámara del FSS decidieron por tres votos contra dos que Moro había actuado con indiscutible arbitrariedad al denunciar al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en el caso de un departamento de tres pisos en Guarujá, municipio costero. en Sao Paulo.

Lula fue detenido en abril de 2018 por presuntamente obtener este lugar de residencia a cambio de favores a la constructora OAS.

Luego de cumplir 580 días en una prisión política, el exlíder obrero fue liberado el 8 de noviembre de 2019, luego de un avance inesperado en la interpretación de la Corte Suprema de la prisión preventiva de los reos de segunda instancia.

Durante este período, el STF derrotó a Moro, impidiendo detenciones automáticas luego de sanciones de segunda instancia, que permitieron la liberación de Lula de la prisión.

La ejecución de la condena en segunda instancia fue abolida además de la ley conocida como paquete anti-crimen, votada por el Congreso Nacional luego de la sentencia de la Corte Suprema.

Durante este proceso, hubo fricciones entre Moro y el presidente Jair Bolsonaro, quien aprobó la iniciativa, aunque el Ministerio de Justicia presentó una lista de 38 propuestas de veto.

Antes de este episodio, el egresado de Harvard experimentó otros contratiempos, especialmente después de la divulgación de noticias comprometedoras que intercambió con los fiscales del desactivado Lava Jato mientras era juez, lo que socavó la integridad de la operación anticorrupción más grande del país.

La comunicación descubierta entre Moro y Deltan Dallagnol, ex coordinador de Lava Jato, quebró la relación juez-fiscal y violó el principio de imparcialidad.

Según analistas políticos, la fuerte decisión del STF de este martes tendrá un gran impacto en el sistema legal interno ya que se ha revelado que el fundador del Partido de los Trabajadores fue condenado y arrestado sobre la base de una sobreestimación de lo que se conoce. como prueba de evidencia.

Estas suposiciones se derivaron de declaraciones premiadas y no de evidencia directa o material.

No en vano, Lula se convirtió de la noche a la mañana en blanco de bombardeos mediáticos, y hubo denuncias superficiales que, a pesar de la virulencia de los fiscales, no demostraron ninguna conducta ilícita.

Defensores del presidente más popular de la historia reciente del país también enfatizan que en las acusaciones se hicieron muchos supuestos, pero que no hubo evidencia concreta de su presunta participación en los hechos alegados.

También calificaron de sensacionales las múltiples condenas activadas por Moro, que solo fortalecieron el objetivo fingido de empañar la imagen del exgobernador y socavar su publicidad.

A partir del 4 de marzo de 2016, Lula fue víctima directa de las acusaciones de destrozar su carrera, construida sobre más de 40 años de vida pública.

El día anterior, la segunda sala del STF adoptó esta resolución tras la sustitución de la jueza Carmen Lúcia, quien inicialmente impugnó una demanda interpuesta por la defensa del exlíder de la siderurgia.

En 2018, cuando comenzó el juicio, Lúcia declinó la acción, pero ahora los compañeros Gilmar Mendes y Ricardo Lewandowski lo entendieron.

Pensaba que los nuevos elementos mostraban que la actuación de Moro no fue imparcial, favoreció a la fiscalía y, por lo tanto, hubo un juicio incorrecto.

La sentencia que condenó a Lula sigue siendo anulada por otra opinión del ministro Edson Fachin del FSS, quien destacó la incompetencia del Tribunal Federal del Estado de Paraná en el análisis de los juicios contra Lula.

Su premio anuló las condenas de Lava Jato en Curitiba y restauró los derechos políticos del ex presidente, que podría postularse nuevamente para el poder.

Al pronunciarse en contra de Moro, la Corte Suprema anuló la totalidad de la audiencia en el caso triple Guarujá, que debe ser repetida nuevamente por los investigadores.

Este proceso fue el resultado de una demanda presentada en 2018 por el equipo de abogados de Lula.

Los expertos creen que si bien la solicitud de sospecha fue presentada por la defensa y en un principio solo será válida para el exjefe de Estado, puede afectar indirectamente a otros procesos.

Según la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, el Tribunal Supremo empieza a recuperar credibilidad con una sentencia contra Moro, “un juez imparcial, verdugo”.

Es una victoria de la justicia, el derecho y la esperanza – enfatizó el diputado.

Brasilia, 24 de marzo de 2021
El Federal Online

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