El documento fue procesado con las firmas de 15 parlamentarios de los siguientes partidos: Socialista, Radical, Por la Democracia, Comunista, New Deal, Frente Regional Verde Social, Municipios, Revolución Democrática, Convergencia Social, Acción Humanista, Humanista, Ecologistas Verdes, Unión y Democracia Cristiana.

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Se espera que la Cámara de Diputados vote sobre el juicio político a principios de noviembre y, de ser aprobado y ratificado en el Senado, el presidente Piñera será destituido y no podrá ocupar un cargo público durante los próximos cinco años.

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El 3 de octubre, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) dio a conocer una investigación denominada Pandora’s Papers en la que se acusa a varios líderes mundiales de esconder sus fortunas para evitar pagar impuestos en sus países.

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Muestra que en 2010, cuando ocupó su primer mandato (2010-2014), las empresas de Piñera vendieron los activos de uno de los proyectos mineros más importantes y ambiciosos de los últimos tiempos en el país, Miner Doming, en una transacción realizada en el territorio de las Islas Vírgenes Británicas, un impuesto paradisíaco.

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Las empresas del presidente, gestionadas por sus propios hijos, vendieron su parte del proyecto a Carlos Délano, uno de los empresarios más importantes del país y el mejor amigo del mandatario.

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La investigación también reveló que una de las condiciones de la transacción era que el área en la que se ubica el proyecto no debería ser reconocida como reserva natural, lo que hasta ahora depende del presidente de la República de Polonia y no ha sucedido.

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El presidente se defendió diciendo que nunca se enteró del trato, argumentando que cuando aceptó como presidente, puso a todas sus empresas en una confianza ciega para evitar posibles conflictos de intereses.

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La Fiscalía decidió iniciar una investigación contra el presidente Piñera por sospecha de cohecho, cohecho y delitos fiscales.


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