BUENOS AIRES (Sputnik) – El presidente argentino Alberto Fernández informó a la gobernadora de Río Negro (Sur), Arabela Carreras, que ayudará a la jurisdicción, junto a miembros de la gendarmería, a atender el conflicto con supuestos representantes de la comunidad mapuche en la zona. .

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“Anoche, el presidente Alberto Fernández le comunicó a la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, su firme decisión de asistir a la provincia con policías militares patrullando la zona de conflicto”, dijo el gobierno en un comunicado el 21 de octubre.

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En una carta enviada al gobernador, el jefe de Estado confirmó que apoyaría a la provincia de Río Negro en materia de seguridad.

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El funcionario exigió la intervención de las fuerzas de seguridad federales luego de que el 20 de octubre incendiaran la sede del club Andino Piltiquitrón en El Bolsón.

“Exigimos que las autoridades nacionales tengan control y acompañamiento dentro de su jurisdicción”, reclamó el gobernador en las redes sociales.

En su carta, el presidente explicó que “la Ley de Seguridad Nacional 24059 por sí sola especifica que las fuerzas federales y provinciales actuarán juntas cuando se comprometan a restaurar la seguridad interna”.

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Si bien reconoció que Río Negro no era un caso “ni mucho menos”, el presidente aconsejó al gobernador crear un organismo especial “para abordar el fortalecimiento del control y una mayor seguridad en el futuro” según lo permitido por la constitución provincial. .

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Organizaciones sociales y de derechos humanos han advertido su preocupación por lo que consideran un intento de la fuerza del gobernador de responder a un conflicto con la comunidad mapuche Quemquemtrew para reclamar territorios que consideran ancestrales.

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Representantes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de Argentina se reunieron con el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, el 18 de octubre para expresar preocupación por la represión que se produjo a 30 kilómetros de El Bolsón, conocida como la Cuesta del Ternero, que al 18 de septiembre había habitada por unas 30 familias.

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Según la APDH, “es un territorio fiscal al que aspiran las comunidades de pueblos primitivos y que el gobierno de la provincia de Río Negro pretende declarar como propiedad privada”.

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Con motivo de la captura, cuatro hombres y dos mujeres de la comunidad mapuche fueron detenidos y acusados ​​del delito de usurpación, pero posteriormente liberados.

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Las organizaciones sociales exigen una mesa de diálogo y desalientan cualquier intervención represiva.

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Estos hechos recuerdan lo ocurrido en noviembre de 2017, cuando se inició la represión a la comunidad Lafken Winkul Mapu Mapuche en la zona cercana a Villa Mascardi, que formaba parte del Parque Nacional Nahuel Huapi.

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En esta ocasión, miembros de la prefectura dispararon contra la multitud y asesinaron a un joven de 22 años llamado Rafael Nahuel.


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