SANTIAGO – El Observatorio de Derechos Humanos (ODH) presentará a la Cámara de Diputados y diputados el 27 de octubre un proyecto de ley sobre educación y derechos humanos que tiene como objetivo reemplazar el plan de formación ciudadana por un plan de educación en derechos humanos para ser utilizado en el estado- establecimientos educativos reconocidos.

El proyecto cuenta con el patrocinio de los diputados Marisela Santibáñez, Carmen Hertz, Camila Rojas, Karol Cariola, Gael Yoamans, Marcela Sandoval, Emilia Nayudo y los diputados Miguel Crispi, Boris Barrera y Diego Ibañez, quienes acompañan a ODH en la primera presentación de la ley desde su inicio. en junio de 2019.

ODH promueve este proyecto para Garantizar que todos los establecimientos educativos reconocidos por el estado tengan un plan claro de educación y formación en derechos humanos. de sus alumnos desde el jardín de infancia hasta el grado IV, teniendo en cuenta la insuficiente formación en derechos humanos en nuestro país, que no aborda esta problemática en todas sus dimensiones.

Junto a esto, propone: Establecer un marco normativo general en relación con las normas internacionales de educación en derechos humanos. a través de mecanismos que apoyen el conocimiento en la sociedad y la promoción de los valores que implican en las sociedades democráticas modernas, para fomentar una cultura de derechos humanos adoptando y aplicando estrategias obligatorias en los sistemas educativos a partir de la educación preescolar.

Específico, el proyecto de ley de educación y derechos humanos propone modificar la ley vigente nº 20.911 con miras a hacer especial hincapié en la educación en derechos humanos. Para ello, el borrador sugiere cambiar la expresión “formación cívica” por “formación en derechos humanos”; de manera similar, la palabra “ciudadanos” significa “personas”.

La situación actual en Chile

La Ley 20.911, que “establece un plan de formación de ciudadanos para establecimientos educativos reconocidos por el Estado”, estableció una rama de “educación cívica” que abarca la educación preprimaria, primaria y secundaria. En este último, que comenzó a impartirse en 2020, es obligatorio para los grados 3 y 4 y abarca conocimientos y habilidades cívicas, temas de teoría política y formación ética para fortalecer la formación cívica como ejercicio democrático. En los niveles restantes y hasta el segundo semestre, cada titular podrá determinar libremente el contenido del plan de formación ciudadana, siempre que sea público.

Este plan ignora aspectos importantes del aprendizaje de los estudiantes, ya que no menciona la formación de educadores y asistentes de educación en derechos humanos. Tampoco incluye la obligación de generar una estrategia de implementación del Plan, ni establece sistemas de financiamiento y supervisión que permitan su aplicación realista. Por otro lado, los objetivos del Plan no se ajustan a los estándares desarrollados en la Declaración. Tampoco tiene en cuenta las características históricas y sociales que influyen en su contenido y desarrollo actual. Finalmente, y lo que es más preocupante, no logra garantizar que las obligaciones estatales se entiendan de manera que se respeten efectivamente.

En resumen, Chile no cuenta con un plan nacional de educación en derechos humanos, a pesar de la recomendación a nuestro país en 2009 en el Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas para mejorar la situación de los derechos humanos en el territorio.


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