El Foro Latinoamericano de Derechos Humanos (FOLADH), presidido por el senador Alejandro Navarro, expresó en un documento oficial su preocupación por la situación de cientos de víctimas de lesiones oculares provocadas por disparos de perdigones, perdigones y otros proyectiles de policías, que “es uno de los aspectos más graves de la crisis de derechos humanos que ha estallado, junto con el levantamiento social del 18 de octubre de 2019 ”.

El foro señala que, según el último informe disponible del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), existía un registro de 460 víctimas de lesiones oculares a marzo de 2020. De estos, “un número significativo se ha perdido por completo o ha sufrido lesiones graves”.

Detalla que de los pacientes tratados en la Unidad de Lesiones Oculares (UTO) del Hospital Salvador en octubre y noviembre de 2019 (259 personas), más del 60% tenían visión muy limitada (20/200), ceguera unilateral o se habían sometido a cirugía de extracción o evisceración del globo ocular. De igual forma, la unidad hospitalaria salvadoreña reportó atención a 337 personas en noviembre de 2020, “de las cuales 114 (33,7%) tienen resultados de recuperación negativos e irreversibles”: ceguera ocular tras lesión. “El Instituto Nacional de Derechos Humanos a la vez interpuso 172 demandas en estos casos”, agrega.

En este sentido, indica que, ante la gravísima situación y los posteriores informes de organismos y organismos nacionales e internacionales (Informe INDH, Defensoría del Pueblo de la Universidad de Chile, Instituto Universitario de Derechos Humanos Diego Portales, Alto Comisionado de las Naciones Unidas Derechos Humanos, Humanos), “el Estado de Chile debió emprender acciones relacionadas con la indemnización y garantías de no repetición en relación con estas violaciones”, incl. que fue la implementación del “Programa de rehabilitación ocular” (PIRO) del Ministerio de Salud.

El Informe de seguimiento del Informe anual 2019 de la INDH, que se publicó en febrero de 2021, incluía el siguiente contenido del programa: “No es un programa de rehabilitación integral basado en criterios establecidos por organizaciones especializadas en derechos humanos, ya que los beneficios se centran en la rehabilitación física. La atención psicológica es limitada y no incluye apoyo social, económico o legal a los usuarios. En la etapa de diseño, la iniciativa no involucró la participación de las víctimas y sus organizaciones. Además, el hecho de estar ubicado en Santiago dificulta el acceso a personas que viven en otras regiones del país. El número de víctimas que accedió al programa es reducido, ya que hasta el 30 de junio de 2020 se había contactado a 105 personas que solicitaron el programa, lo que corresponde al 40% de las 263 personas que cumplían las condiciones para incorporarse. Asimismo, un equipo médico de ocho especialistas es insuficiente ”.

El pasado jueves 1 de abril, la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular (CVTO) emitió un comunicado condenando una serie de situaciones relacionadas con el “Programa Integral de Rehabilitación Ocular”, entre ellas el despido injustificado de dos profesionales y una línea de acciones que señalan el debilitamiento o incluso desmantelamiento de equipos responsables del programa y falta de asignación de fondos acordados para el programa. En ese sentido, pidieron un cambio de mentalidad por parte de la directora del Servicio Metropolitano de Salud, María Elena Sepúlveda, el Jefe de Oftalmología de la Unidad de Trauma Ocular, José Luis Sanhuez, y las autoridades responsables del diálogo. con víctimas de lesiones oculares, “trabajar en el óptimo desarrollo del programa con un presupuesto previsto para 2021, que garantice una indemnización integral a las víctimas de violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas militarizadas del país”.

En este contexto, el Foro Latinoamericano de Derechos Humanos señala que “la impunidad y las manifestaciones institucionales de apoyo a la represión amenazan con continuar con las violaciones de los derechos humanos más básicos por parte de representantes estatales, y atestiguan la responsabilidad de las autoridades de denuncia y el gobierno y el estado de Chile. Al respecto, menciona un caso reciente el 19 de febrero donde la policía disparó y mató a Francisco Mendoza, un docente que se manifestaba solo en Plaza Dignidad con un “arma menos letal” (“¿Perezoso? ¿Yo?”, Respondiendo al Ministro Lucas Palacios. ‘ palabras). La grave lesión ocular y la triple fractura del pómulo fueron desencadenadas por una denuncia penal contra el ministro de Gobernación, Rodrigo Delgado, el director general de Carabineros, Ricardo Yáñez, y todos los ya responsables de delitos como autores, socios y encubridores.

“Desde el Foro Latinoamericano de Derechos Humanos, FOLADH, nos sumamos en apoyo a la Coordinadora de Trauma Ocular, la visibilidad de la precaria situación e insuficiencias del Programa de Reparación Integral de la Vista, y una condena a la impunidad, abandono, medidas y políticas que el Estado de Chile sigue acogiendo ante una grave crisis de violaciones de derechos humanos que se produjo en este país desde octubre de 2019 hasta la actualidad ”, resume la entidad.

Foto: Coordinadora de víctimas de trauma ocular.

Santiago, 5 de abril de 2021

El Federal Online.

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