La organización ambiental Greenpeace agradeció el miércoles que la Corte Suprema dictaminó que el 23 de marzo de este año. Revocó la decisión de la Corte de Apelaciones de Valparaíso de desestimar la solicitud de protección presentada por el Instituto de Derechos Humanos (INHD) a favor de vecinos de los municipios de Petorca, Cabildo y La Ligua.

Pero junto al énfasis positivo de que “el poder judicial protege la vida de las personas”, criticaron la falta de voluntad política del gobierno para garantizar los derechos humanos al agua “y aseguraron que el fallo reflejó” que el acceso al agua es un tema constitucional “.

RECURSOS INDH

El Tribunal Supremo anuló la sentencia de octubre de 2020 y, con la adopción del recurso de casación, ordenó a la Seremi de Salud de Valparaíso y a la Diputación de Petorca “tomar todas las medidas necesarias para que los recurrentes (…) agua para uso y consumo humano, no menos de 100 litros por persona por día ”.

Carlos Bellei, abogado y portavoz de la INDH, explicó que “el agua es fundamental para la vida, y en una pandemia se ha vuelto más importante porque es necesaria para evitar la contaminación (…) por eso en 2020 presentamos un recurso de protección para que el El gobierno, como Seremi de Salud, proporcionará agua potable en cantidad suficiente y adecuada a las comunidades de Petorca, Cabildo y La Ligua ”.

El tribunal de apelaciones rechazó el recurso, pero la Corte Suprema lo aceptó, “la sentencia demuestra que toda persona, por su dignidad como tal, tiene derecho a acceder al agua potable en condiciones de igualdad y no discriminación; Como ley de correlación, el estado tiene el deber de garantizar el acceso en las condiciones antes mencionadas ”, dice Belli.

Por su parte, Josefina Correa, directora política de Greenpeace, señaló que “la sentencia de la Corte Suprema contiene una demanda transversal de los ciudadanos y reconoce que en el contexto de la pandemia el gobierno ha eludido su responsabilidad de proveer agua de calidad y cantidad suficiente a hacer frente a las amenazas para la salud “.

Agrega que la sentencia “establece que, en los tratados internacionales, este derecho se incorpora a nuestro ordenamiento jurídico y se entiende esencialmente vinculado a la dignidad”. De acuerdo con las palabras de la Corte, toda persona, en virtud de su dignidad, tiene el derecho humano al acceso al agua potable en condiciones de igualdad y no discriminación; el derecho, como correlacionista, la obligación del Estado de garantizar el acceso en las condiciones antes mencionadas.

Según una portavoz de Greenpeace, la Corte señala que “según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de las Naciones Unidas (ONU), los estados tienen el deber de establecer salvaguardas diseñadas para evitar que terceros, incluidos funcionarios estatales, de obstaculizar o comprometer de alguna manera el disfrute del derecho al agua, por lo tanto, se deben tomar las medidas necesarias para evitar que terceros denieguen el acceso al agua potable en igualdad de condiciones y contaminen o utilicen de manera desigual los recursos hídricos, incluidas las fuentes naturales, los pozos y otros medios sistemas. ‘

Greenpeace confirma que valoran positivamente que “el poder judicial brinda protección a la vida de las personas y reconoce un derecho humano que lleva más de 10 años vigente, pero creemos que este gobierno y los responsables políticos no han llegado tan lejos como para proteger el territorio y la población de la amenaza del agua que genera la economía hídrica chilena. Lo que refleja claramente la falta de voluntad política del gobierno para garantizar el derecho humano al agua.

La organización dio a conocer la plataforma la semana pasada. www.yovotosueltaelagua.clque reúne a más de 1.300 candidatos a la Convención Fundacional y permite a los ciudadanos solicitar su compromiso de garantizar que el agua sea reconocida como un derecho humano y un componente esencial de los ecosistemas en la redacción de la nueva Constitución.

Santiago de Chile, 25 de marzo de 2021
El Federal Online

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