SANTIAGO – Después de que comenzara la pandemia de COVID-19 y la enfermedad se propagara rápidamente a escala global, varios estados tomaron una serie de medidas para contenerla, incluidas algunas que restringieron la movilidad humana y cerraron fronteras, y más que la movilidad interrumpida. Las consecuencias también fueron evidentes, afectando de manera diferente a los grupos más vulnerables de la población en general, exacerbando las desigualdades preexistentes, contra las cuales los países han adoptado una serie de medidas para enfrentarlas y reducirlas.

Para comprender las implicaciones de estas acciones en las realidades de Chile y Argentina, en particular las relativas a la violencia de género, un equipo liderado por la profesora de la Universidad de Chile Tatiana Rein y la Universidad de San Martín Fernanda Page analizó en ambos casos que, si bien ambos países habían realizado importantes esfuerzos para responder a esta emergencia, eran insuficientes y tenían una serie de limitaciones que les impedían tener éxito.

En consecuencia, el proyecto «Medidas estatales para prevenir la violencia contra la mujer en la época del Covid-19 ″, financiado por ANID y el Instituto de Estudios Internacionales de la U. de Chile, se basa en el contenido y análisis estadístico de 1.360 artículos de prensa y 45 entrevistas semiestructuradas con funcionarios de organizaciones de los países involucrados, y en referencias de la sociedad civil. . Entre los resultados del estudio, se identificaron una serie de diferencias entre los dos países.

El primero está considerando ddefinición de violencia: El estudio indica que si bien Argentina cuenta con una ley integral que cubre los diversos tipos y formas de violencia, Chile tiene una sola ley sobre violencia intrafamiliar que regula un tipo en particular, restringiendo la acción estatal. En el contexto de la pandemia, si bien las medidas adoptadas por ambos países tienen como objetivo abordar la violencia en todas sus dimensiones, el énfasis estuvo en la violencia intrafamiliar, con o sin consideración de otras situaciones como la violencia sexual, obstétrica, económica, callejera y digital. .

Otra diferencia es la importancia de la sociedad civil. La presión de las organizaciones sociales fue clave en el proceso de definición de las medidas que el Estado implementó en Argentina, pero en Chile solo se incorporaron muy tarde, y con las medidas ya definidas, las experiencias de otros países de mayor trascendencia.

Un dato que llamó la atención es que durante la pandemia el número de llamadas de auxilio ha aumentado pero las denuncias han disminuido, lo que, según la profesora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Tatiana Rein, puede deberse a factores como como el encarcelamiento de mujeres con agresores por restricciones sanitarias, el desconocimiento de las medidas que les permitían salir de sus hogares si hubieran sido víctimas de violencia o mecanismos virtuales de reclamo, y “el impacto económico de la pandemia en la población, que ha mujeres afectadas de manera desproporcionada. De ello se deduce que si las mujeres no tienen apoyo económico o redes a las que recurrir, es probable que se queden con su agresor ya que no pueden encontrar una salida a su situación.

Evaluación de las medidas tomadas

El profesor Rein enfatizó que tanto Chile como Argentina han adoptado numerosas medidas para detener la violencia, con especial énfasis en el suministro de información, como la línea 144 en Argentina y 1455 en Chile; adoptando canales silenciosos como chat o Red Chin en Argentina y Mask 19 en Chile. Sin embargo, si bien estas medidas son importantes, “no constituyen una respuesta integral a la violencia: no apoyan a las mujeres con denuncias, con necesidad de salir de casa, apoyo psicológico, incluyendo y por supuesto no contribuyen a la prevención de la violencia ”.

“Las medidas implementadas deben diseñarse e implementarse específicamente tomando en cuenta la diversidad que existe dentro de la categoría de mujeres, es decir, mujeres indígenas, mujeres migrantes, mujeres ancianas, sectores socioeconómicamente desfavorecidos, niñas, lesbianas o mujeres trans, incluso para responder adecuadamente a sus situaciones específicas. Las medidas también deben implementarse teniendo en cuenta la diversidad territorial y asegurar que puedan llegar a todas las localidades de manera adecuada ‘, prosigue la investigadora U. de Chile.

Para los fines del estudio, fondos de: categorias disponibilidad, disponibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. Con respecto al primero, señalan que debido a que ya existían elementos acotados por una definición estrecha de violencia, En el caso de Argentina, las líneas telefónicas no eran suficientes y en algunas provincias hubo que activar líneas adicionales.

En ambos países, la investigación mostró que las capacidades de los servidores públicos en áreas como el poder judicial, la salud y la policía están subdesarrolladas, por lo que la atención a las víctimas no es óptima.

En cuanto a la disponibilidad, ni en Chile ni en Argentina, los fondos llegaron a toda la población. En el caso de Argentina, el tamaño del territorio y la naturaleza federal del estado crearon dificultades, requiriendo una mayor coordinación para ser efectiva, lo que no fue el caso. A nivel local, aunque se actúa de forma centralizada, la necesaria coordinación interinstitucional en áreas como el poder judicial, el funcionamiento de los hogares de mujeres y la policía fue insuficiente.

Otro factor que incidió es que las medidas no tomaron en cuenta a las mujeres en toda su diversidad, por lo que aquellas con algún tipo de discapacidad no necesariamente pudieron conocer las medidas, las mujeres de estratos socioeconómicos más bajos tuvieron mayores dificultades para acceder a internet o recursos para sobrevivir en caso de agresión. Tampoco se incluyó la población LGBTIQ +, mujeres migrantes o nativas.

En términos de aceptación, si bien las medidas se centraron en la violencia doméstica, que había crecido significativamente en el contexto de la pandemia, no hubo respuesta a otras cuestiones como la prestación de servicios de salud reproductiva o el ciberacoso. No hubo refuerzo en prevención, atención integral y respuesta a otras formas de violencia. No se incluyen formularios de evaluación que tengan en cuenta la situación de violencia o la calidad de la respuesta estatal adoptada.

Finalmente, con respecto a la adaptabilidad, no se consideró la posibilidad de adaptar medidas a las especificidades de cada territorio, como zonas rurales o remotas, o de grupos culturales como migrantes o pueblos indígenas. Tampoco existían grupos especiales de mujeres en especial situación de vulnerabilidad: niñas, adolescentes, ancianos, con cierto grado de discapacidad, etc.

Sugerencias

Los miembros del proyecto propusieron una serie de recomendaciones para superar las limitaciones identificadas. Entre ellos se encuentra el Sr.promover e implementar políticas contra la violencia contra las mujeres que cubran todas las formas de violencia y que incluyan un alto nivel de prevención.

También es fundamental asegurar la cobertura nacional de las políticas de violencia de género, teniendo en cuenta las condiciones territoriales específicas y las necesidades específicas de los grupos de población.

También tenían como objetivo implementar capacitaciones específicas y dirigidas a miembros del poder judicial, policías y cuidadores de mujeres y niñas víctimas de violencia. Además, destacaron la necesidad de tomar medidas para eliminar los prejuicios que limitan el acceso de las mujeres a la justicia.

Adoptar medidas que contribuyan a reducir la brecha digital, reduciendo las desigualdades en el acceso a Internet y las tecnologías de la información y la comunicación; fortalecer y desarrollar políticas de corresponsabilidad del cuidado para promover el acceso y la sostenibilidad de las mujeres en el mundo del trabajo; establecer encuestas permanentes sobre todo tipo de violencia de género, teniendo en cuenta una perspectiva transversal; parte de la propuesta fue también el desarrollo de mecanismos para la evaluación permanente de las políticas públicas y las medidas implementadas.

El reporte completo está disponible aquí:


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