TEMUCO – Con el fin de analizar y comprender el impacto de los conflictos socioambientales ocurridos en la región de La Araucanía, Ana Reveco Liempi, estudiante de Ingeniería de Recursos Naturales Renovables y pasante del Centro de Políticas Públicas de la UCT (CPP UCT), realizó una estudio completo.

“Un conflicto socioambiental se define como disputas en la esfera pública, entre diferentes actores, por diferencias de opinión sobre el uso de los recursos naturales de un territorio”, dijo Reveco.

Agregó que en el caso de la región de La Araucanía, los conflictos socioambientales identificados por el Mapa de Conflictos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en 2010-2014 fueron responsables de nueve conflictos; cuatro cerrados, dos activos y tres latentes, donde en su obra se refirió a las dos últimas categorías.

Un practicante de CPP UCT explicó que a nivel regional, el 56% de los conflictos socioambientales están relacionados con el sector energético, el 33% con la pesca y la acuicultura y el 11% con el medio ambiente sanitario.

Según los datos recolectados y analizados, Reveco indica que son una de las principales causas del conflicto, violación de los principios o valores de los afectados en términos de transformación ambiental (racionalidad ecológica o posición ética) y estar en el territorio indígena ”, explicó.

En cuanto a la institucionalidad ambiental chilena actual, el estudio confirma que aún presenta deficiencias como la demora en la entrega de respuestas a las demandas ciudadanas, métodos y requerimientos de control, junto con umbrales de tolerancia para la implementación de cada proyecto que impacta en la calidad de vida. población.

Región de la Araucanía

El alumno llama la atención sobre el trabajo realizado por el Centro de Investigación sobre Conflictos y Cohesión Social (COES), que realizó un estudio que mostró que en el período 2009-2019 se presentaron 33 conflictos relacionados con los recursos naturales y las externalidades socioambientales. En su documento, también indica lo publicado por el Tercer Juzgado Ecológico (3TA), que registró un total de 48 motivos de ingreso en los años 2014-2021 por categoría de reclamaciones de indemnización por daños ocasionados al medio natural.

“La mayoría de los conflictos se relacionan con el sector energético, donde se han identificado tres proyectos que tienen un gran impacto ya que afectan los ciclos migratorios de especies acuáticas y resultan en la muerte de muchos organismos por cambios en la temperatura del agua u otros factores. Estas instalaciones también promueven la liberación de sustancias tóxicas al agua y la atmósfera y facilitan el desarrollo de la lluvia ácida ”, explicó Ana Reveco.

Derechos humanos

En el área de derechos humanos involucrados en conflictos socioambientales, el INDH ha identificado doce, que oscilan entre el 20% y el 100% de compromiso con cada proyecto. Y sólo los derechos al territorio y los recursos naturales, a los pueblos indígenas y consultas, y a un ambiente libre de contaminación estuvieron presentes en todos los proyectos, lo que corresponde al 100% del daño, explicó las prácticas de CPP UCT.

De igual forma, el análisis de Reveco muestra que las acciones de las empresas encaminadas a la solución de problemas se definen como insuficientes, pues la mayoría de ellas no asumió la existencia de un conflicto desde el momento en que surgió y no aceptó voluntariamente los reclamos de las entidades agraviadas.

“Por lo tanto, las comunidades o entidades se vieron obligadas a emprender acciones legales y, como resultado, no se llegó a ningún acuerdo entre la empresa y los grupos de interés”.

Mecanismos de institucionalidad

En Chile no existe una institución u organismo legal que cubra toda la gama de legislación ambiental. Por el contrario, agregó Reveco, se encuentra disperso en una serie de leyes de jerarquía variable, cada una abordando un tema específico, con tres agencias gubernamentales relacionadas con la aplicación de las leyes ambientales en Chile; Ministerio de Medio Ambiente, Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA) y Supervisión Ambiental (SMA).

“Es necesario desarrollar estrategias de desarrollo más sostenibles que integren las dimensiones más importantes del conflicto socioambiental, los aspectos económicos, ambientales y sociales. De tal manera que se ve “como un todo” y no algo que deba ser analizado en parte ya que cada uno influye en el otro ”, analizó Ana Reveco.

Explicó que si bien en los últimos años se han creado más instancias para acceder a la justicia ambiental, como la Fiscalía Ambiental (SMA) y los Tribunales Ambientales (AT), “aún falta institucionalidad para atender las solicitudes ciudadanas, esto se ve en la cantidad de solicitudes y no necesariamente todas reciben una respuesta oportuna y satisfactoria ”.

Es por eso que el estudiante de la UCT propuso fortalecer la institucionalidad ambiental para que la justicia permita dar respuesta a los problemas sin violar los derechos de la población.

Comunidades y Constitución

En cuanto a las comunidades aledañas a los proyectos, en el contexto de denuncias y entrevistas con miembros de la comunidad indígena de Mariano Millahual, la mayoría indicó que no confiaban en la investigación ambiental, incluso las empresas que llevaron a cabo los proyectos mencionaron la falta de lugares de interés de la comunidad mapuche, aun cuando se encontraron proyectos en territorio para lo cual se requería el cumplimiento del Convenio 169, pero esa ley no fue respetada.

“En Chile se encuentra actualmente un proceso legislativo y se han hecho varias propuestas ambientales para traducirlas en una nueva constitución. Un ejemplo de esto es la Constitución Verde, que aspira a un futuro sostenible y que los derechos ambientales deben estar directamente relacionados con la protección de los derechos humanos, por ejemplo priorizando el derecho público al agua ”, concluyó Ana Reveco.


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