La fiscalía brasileña solicitó al Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) la destitución temporal del presidente Jair Bolsonaro de sus funciones relacionadas con los ministerios de salud, economía y la cámara civil por motivos de manifiesta incompetencia.

La solicitud al Fiscal General Adjunto de la Fiscalía Lucas Furtado también requiere que el TCU reconozca la legitimidad, facultades administrativas y facultades del vicepresidente Hamilton Mourão para designar a las autoridades responsables de los expedientes.

El tribunal no tiene límite de tiempo para revisar la solicitud del Ministerio Público Federal de destituir a Bolsonaro.

“En tales casos, se designa un relator que puede tomar su propia decisión o presentar una petición en el plenario”, se lee en el informe.

El documento enviado al TCU pide una decisión preventiva para destituir al presidente de extrema derecha de estos ministerios.

De la misma forma, otros ministros “finalmente se han identificado como responsables de la inercia y negligencia en la implementación de políticas de salud pública en la lucha contra la pandemia Covid-19”, que ha resultado en 290.314 muertes y 11.871 millones a la fecha 1.390 infectados.

Según Furtado, “no hay duda de que toda la estructura federal de salud, con recursos financieros, patrimoniales y humanos, será un perjuicio indiscutible para el fisco si no cumple con su función de atender a la población en los momentos de mayor y mayor necesidad evidente.

También dijo que “es inaceptable que toda esta estructura, por disputas y vaivenes políticos, permanezca indiferente al sufrimiento de la población como resultado de factores predecibles y evitables”.

En el portal de noticias G1, el fiscal adjunto explicó que basó su solicitud en el artículo 44 de la Ley Orgánica del TCU.

La legislación establece que “al inicio o durante la investigación, el tribunal, de oficio oa solicitud del Ministerio Público, definirá, como medida cautelar, la suspensión temporal del responsable”.

Puede hacerlo, agrega el texto, “si existen indicios suficientes para continuar ejerciendo sus funciones, puede retrasar u obstaculizar una inspección o inspección, causar más daños a la tesorería o impedir la recuperación”.

En el caso de Furtado, esta medida es legalmente adecuada y “responde a los deseos de la población”. Citó que una encuesta de Datafolha publicada esta semana muestra que el 48% de los brasileños desaprueba el trabajo de Bolsonaro durante la pandemia y el 54% cree que los resultados del gobierno son malos o aterradores.

El ex militar tiene una evidente falta de preparación sanitaria y “se está interfiriendo abiertamente con el sector para dictar lo que se puede y no se debe hacer”, subrayó.

Brasilia, 20 de marzo de 2021
El Federal Online

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