Según la Constitución, el decreto tendrá una vigencia de 15 días y abarcará las provincias de Malleco y Cautín en La Araucanía y las provincias de Biobío y Arauco en Biobío (la provincia y la región comparten el mismo nombre).

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El mandatario explicó que optó por implementar esta herramienta porque “nos permite enfrentar mejor los mejores instrumentos, el crimen organizado y el terrorismo que se ha arraigado en estos territorios”.

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También se aclaró que la medida de ninguna manera estaba dirigida contra los pueblos indígenas mapuche de la zona.

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El estado de emergencia permite al ejecutivo desplegar a las Fuerzas Armadas para realizar labores preventivas en la zona en coordinación con los carabineros y le otorga poderes especiales para eliminar procesos burocráticos en la gestión de tareas de seguridad.

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La Carta Magna permite al presidente presentar este decreto sin la aprobación del Congreso Nacional, pero si así lo decide extender la operación por otros 15 días necesariamente requerirá el consentimiento de los parlamentarios.

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En los últimos años se han producido una serie de incendios y ataques a máquinas propiedad de empresas forestales, iglesias y fundos privados en La Araucanía y Biobío, cuyas motivaciones han estado ligadas a organizaciones que defienden las históricas demandas territoriales de los pueblos indígenas mapuche.


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