Por Edgardo Riveros Marín | Derechos humanos y migración

Un aspecto que siempre debe tenerse en cuenta es que los derechos humanos no se pueden relativizar porque pertenecen a la persona humana por el mismo hecho de ser humano. Este principio básico debe ser aplicado en los países a ciudadanos y extranjeros, y es deber de los órganos estatales, según la Constitución Política de la República, respetarlos y promoverlos. Además, la misma norma indica que los derechos al respeto son los garantizados en ella y en los tratados ratificados por Chile y vigentes.

Las tensiones entre el derecho a migrar como derecho fundamental de las personas y el derecho de los Estados a regular su población no han sido bien resueltas, especialmente en momentos como este, cuando por diversas razones existe un gran número y creciente movilidad de personas en Varias regiones del mundo, incluida América Latina.

En Chile, la situación adquirió un aspecto particularmente negativo precisamente porque las políticas efectivas y el buen juicio no unieron las áreas mencionadas. El elemento de referencia fue que ante el aumento del número de inmigrantes, el gobierno, debilitado por el apoyo público, diagnosticó que actividades con fuerte dimensión comunicativa dirigidas contra los inmigrantes pueden sentir empatía con la población nacional. De lo contrario, no se explican las expulsiones expresas, realizadas en horas y días que dificultan a los tribunales de justicia, que en la mayoría de los casos restablecieron el estado de derecho.

Además, las expulsiones confunden a las personas con antecedentes penales y a otras sin ellos, pero el efecto es que la presencia de personas de otras latitudes intenta vincularlas a actividades delictivas, lo que sin duda condiciona las reacciones irreflexivas que lamenta poco después.

Una persona que sale de su país es en un gran número de casos el resultado de presiones que condicionan su voluntad, porque la inclinación natural de una persona es permanecer en el país de origen. En el caso específico de los venezolanos, esto se debe a la situación política, económica y social. El gobierno dictatorial en este estado ha llevado la situación humanitaria a un nivel extremo.

Es en casos como el mencionado anteriormente que se deben utilizar estándares internos e internacionales para hacer frente a situaciones específicas. El gobierno chileno, luego de un episodio en Cúcuta, propuso la creación de una visa especial para la rendición de cuentas democrática, cuya limitada y lenta implementación fue un factor frustrante para quienes vieron un destino regular, ordenado y seguro en Chile. No se puede ignorar que muchas personas, arriesgando su vida e integridad física, intentaron llegar a nuestro país por rutas alternativas irregulares. Esta situación no se puede enfrentar con medidas coercitivas, desprovistas de acciones que atiendan su verdadero origen y dimensionen adecuadamente el factor humanitario involucrado.

La enormidad del problema no puede resolverse unilateralmente, sino que debe considerarse como una cooperación internacional eficaz entre los estados y la cooperación de organizaciones internacionales especializadas. En este punto, es incomprensible que nuestro gobierno aún no se haya convertido en parte del Pacto Global de la ONU sobre Migración adoptado en Marrakech.


LA OPINIÓN DEL AUTOR NO CUMPLE NECESARIAMENTE CON LA JUSTIFICACIÓN

Edgardo Riveros Marín – Abogado; Dormitorio, Facultad de Derecho de la Universidad Central de Chile (UCEN). Postgrado Máster en Ciencias Políticas (Mención en Relaciones Internacionales) y Derecho Internacional Público en la Universidad de Bonn, Alemania. Subsecretario General del Ministerio de Gobierno (1990-1997), Diputado a la República (1998-2006) y Subsecretario General del Ministerio de la Presidencia (2006-2010).


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