La Convención Legislativa (CC) ha publicado un documento de trabajo sobre derechos humanos (DDHH) en Chile titulado “Propuestas del Comité de Derechos Humanos, Verdad Histórica, Fundamentos de Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición para el Comité de Reglamentación Constitucional”, el cual contiene un extenso catálogo de derechos. Algunos están bien establecidos como el “derecho a la libertad”, pero otros son de una nueva generación, como el “derecho a la neurodiversidad”.

La protección de los derechos humanos es necesaria en cualquier sistema legal moderno y es de fundamental importancia para la organización de las relaciones entre las personas y el Estado. Sin embargo, me gustaría sugerir la necesidad de cambiar el enfoque del debate fundacional de “Más derechos humanos” a cómo hacer que su protección sea más efectiva.

El discurso actual sobre “Más derechos humanos” puede ser contraproducente para el objetivo que intenta defender, es decir, mejorar la gobernanza legal para lograr la justicia social. Esto se debe, por un lado, a la proliferación de derechos y, por otro, al descuido de su conceptualización. Incluso los activistas reconocieron que la proliferación de los derechos humanos podría ser perjudicial para su propia causa, ya que podría debilitar su poder de persuasión tanto en la arena política como en el discurso legal. En otras palabras, más derechos no se traducen automáticamente en más justicia.

En cuanto a la proliferación de los derechos humanos, actualmente existen más de 300 derechos fundamentales diferentes en el mundo, que van desde el derecho a estar libre de tortura hasta el derecho a una “Internet accesible”. A diferencia de las constituciones más jóvenes, las constituciones más antiguas contienen muchos menos derechos fundamentales, sin afectar necesariamente a sistemas legales menos equitativos. Por ejemplo, en alemán, los nuevos discursos sobre derechos, especialmente en relación con las minorías, se incluyen en derechos más generales como “el derecho a la igualdad de trato” y “a la autonomía personal”. Su alcance de protección puede ampliarse para reflejar el cambio social, incluidos los derechos a la autonomía e identidad sexual, por ejemplo.

Asimismo, el enfoque en “Más derechos humanos” tiende a desbancar y desplazar otros discursos, como los éticos y morales, que incluso pueden ser argumentados antes de la discusión de derechos humanos. Esto vacía el discurso de los significados de los derechos humanos y desplaza las discusiones pragmáticas y de resolución de problemas. En el debate público, los derechos humanos se utilizan a menudo para ocultar contraargumentos políticos o discusiones complejas pero no menos necesarias sobre el alcance y las posibles limitaciones de los derechos humanos.

Además, un enfoque en “Más DDH” puede distraer la atención de la resolución de los aspectos de implementación. Por ejemplo, el discurso de “Más derechos humanos” no resuelve los problemas del equilibrio de derechos: cómo hacer cumplir los derechos en conflicto. “Más derechos humanos” ignora el hecho de que la mayoría de los derechos humanos están severamente restringidos y que es prerrogativa del estado definir cómo protegerlos (de acuerdo con los tratados internacionales ratificados). En resumen, “más derechos humanos” no significa más claridad jurídica.

En lugar de catalogar tantos derechos humanos como sea posible, las futuras discusiones de los votantes deberían apuntar a hacer una distinción conceptualmente rigurosa de un conjunto de derechos claramente definido y limitado; establecer el alcance de la protección y los límites de su implementación; definir las prerrogativas del estado para garantizar la protección de estos derechos; y definir qué activos serán administrados pública y privadamente en Chile. Esta discusión podría incrementar la efectividad de la protección de los derechos humanos.


LA OPINIÓN DEL AUTOR NO CUMPLE NECESARIAMENTE CON LA JUSTIFICACIÓN

Dra. Irina Domurath Científico e investigador de la Universidad Central.


Fundación del diario La Razón es una organización sin ánimo de lucro con el objetivo de “promover el desarrollo de la buena práctica periodística y promover la libertad de expresión, opinión e información desde una perspectiva de derechos humanos”. Tiene su sede en Santiago de Chile.


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