SANTIAGO – Se ha presentado una denuncia en el Juzgado Tercero de Garantía de Santiago por el delito del homicidio de una mujer calificada como frustrada en competencia con lesiones graves como consecuencia de un ataque transfóbico sufrido por Alejandra Soto Castillo, presidenta de la Unión Independiente de Trabajadoras sexuales, transgénero y travesti Amanda Jofré.

Una acción legal patrocinada por CODEPU exige que se imponga un monto máximo de sanción contractual a todos los responsables, ya sea como perpetradores, asociados y / o asistentes del brutal ataque transfóbico.

La agresión se produjo en el municipio de Independencia recién el 9 de octubre, y comenzó como un ataque que se transformó en un crimen de odio transfóbico en cuanto los agresores se dieron cuenta de que su víctima era transgénero y le rociaron gasolina. torso, apuñaló su muñeca y prendió fuego a su cuerpo.

Mariela Santana, abogada de CODEPU, “la agresión está motivada por la identidad de género de la víctima y tiene el agravante de que se trata de un crimen de odio con especial crueldad y vuelve a evidenciar la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales y disidentes sexuales cuyos derechos humanos son sometidos a la agresión constante “. Confiamos -agregó el abogado- en que las herramientas que brinda la Ley Zamudio puedan favorecer la no discriminación, que es un elemento fundamental en la construcción de una sociedad con respeto a la dignidad humana.

La denuncia se refiere a los llamados la Ley Zamudio, que tiene como objetivo restaurar efectivamente el estado de derecho en caso de cometer un acto de discriminación arbitraria, y la Carta Global LGBTI, que, aunque no elevada al Tratado Internacional de Derechos Humanos, constituyen normas para la aplicación de las normas internacionales. legislación de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género. Y la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, que establece que los Estados se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en la misma y garantizar el libre y pleno goce de los mismos a todas las personas bajo su jurisdicción, sin discriminación alguna. por raza, color, género, idioma, religión, opinión política o de otro tipo, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.


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