El 89 por ciento de los chilenos cree que la Nueva Constitución debe priorizar la protección de miles de personas que no tienen acceso al agua y calificarla como una desigualdad inaceptable.

Este es uno de los resultados más destacados de una encuesta realizada por la organización ambiental Greenpeace Chile el pasado mes de enero, presentada este domingo con motivo de la celebración del Día Mundial del Agua el 22 de marzo.

El estudio, titulado ‘El agua y la Constitución’, aborda las preocupaciones por la crisis del agua en el país, por lo que el 63% la identificó como un problema de gobernanza por el uso de grandes empresas y una legislación débil sobre este recurso.

En consecuencia, casi una cuarta parte de los encuestados indicó que la principal razón fue la baja prioridad que el gobierno actual le dio al tema ambiental, con solo el 17 por ciento atribuyendo el problema al cambio climático.

Estefanía González, coordinadora de campaña de Greenpeace Chile, encontró esto llamativo ya que la gente es consciente del impacto del cambio climático en el país, pero cree que la gestión del agua es esencial en un contexto donde las lluvias disminuirán.

Agregó que la población tiene claro que existen serios problemas con la distribución del líquido disponible, y “aunque la ciencia dice que la disponibilidad de agua disminuirá, en Chile el 98 por ciento del agua es utilizada por las grandes empresas para actividades manufactureras, el dos por ciento está destinado a uso humano “.

El representante de la ONG afirmó que “es inaceptable que en el escenario del cambio climático no se garantice el agua como un derecho”.

El Día Mundial del Agua, señaló, es vigilante y urgente porque “tenemos un modelo de gobernanza anclado en la Constitución actual que no garantiza esto como un derecho humano para las personas ni protege sus funciones en los ecosistemas”.

González señaló que, como confirma el estudio, “la gente confía en que revertir esta realidad debe ser una de las prioridades de la Nueva Constitución, y está dispuesta a priorizar candidatos que confíen en el agua”.

Greenpeace defiende que el fluido esencial debe ser un bien público nacional, administrado por el estado para que se pueda utilizar de manera justa sin dañar las cuencas, pero bajo el actual modelo de gestión se ha entregado a las grandes empresas agrícolas y mineras que las colocaron. El acceso de las personas a este recurso está en riesgo.

La encuesta también analizó la intención de voto y reveló que el 95 por ciento de las personas serían más propensas a votar por un candidato que se comprometa con el agua como ley.

Santiago, 21 de marzo de 2021

El Federal Online / Prensa Latina.

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