“cumplimiento normativo que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas, mitigando o evitando la responsabilidad penal de sus directivos”
Darek Macpherson es su CEO y socio principal. Miembro of the World Association Compliance. Investigador privado of Cybercrime. Hacker Etic Certified, analista senior de riesgo crediticio y evaluador de proyectos. Profesional del área, cuenta con un master de Compliance Criminal de la UCLM en la Unión Europea, en donde junto a sus estudios acabados de análisis de riesgo crediticio en donde presto servicios a importantes Bancos como Santander y el Hong-Kong and Shanghái Banking Corporation Limited, comúnmente conocida como HSBC.
Macpherson Global se constituyó en Londres, junto a 6 miembros de distintos países y especialidades y extendió sus tentáculos por México, España, Brasil y se espera para el 2023 el arribo a Chile y Perú, en donde aún no tienen oficinas, junto a la incorporación de 6 socios nuevos de otros países de américa.
En Chile, el rol del compliance comenzó a tomar relevancia a partir de 2010, año que se promulgó la Ley 20.393, que establece la responsabilidad penal de la persona jurídica, señalando que las empresas pueden ser responsables por determinados delitos que cometan personas naturales que la integran, desde un gerente general a cualquier trabajador involucrando. (Tercera, 2021)
Macpherson Global se centra en el Big Data, y la gestión de riesgos la evaluación de impacto en el tratamiento de datos personales. Así como orienta a sus clientes con planes eficaces en:
Cumplimiento Normativo en Entidades Financieras
El derecho Penal Económico. El derecho penal económico se materializa, entonces, como una especialidad de aquél general en la que se tutelan bienes jurídicos especialísimos, intangibles en la mayoría de los casos, que por su connotación conllevan graves consecuencias para la sociedad en general cuando han sido lesionados. (Bolivar, 2003)
Corrupción y derechos humanos
Compliance en el derecho administrativo, políticas de cumplimiento en el sector público y privado
La implementación participativa de un código de conducta y canal de denuncias en el seno de la empresa.
Delitos de corrupción, soborno, tráfico de drogas, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, investigaciones internas, ajustadas a las garantías procesales de cada país.